¿Hacia un salario mínimo europeo?
A comienzos del presente año, el entonces presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, propuso la creación de un salario mínimo europeo y otras medidas de solidaridad para evitar la “desaparición de la dimensión social de la Unión Europea” por culpa de la crisis. “Es imprescindible ponernos de acuerdo sobre un salario mínimo legal europeo”, señaló Juncker ante la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, donde defendió que es “una medida esencial porque si no se perderá el apoyo de la clase trabajadora en Europa”. Considerando que el salario mínimo interprofesional en Europa es hasta 14 veces superior de unos países a otros, la idea no se aventura fácil, si bien tampoco podemos olvidar que el coste de la vida varía mucho entre unos países y otros.
Pero para introducirnos en esta difícil tarea, sería necesario comenzar explicando en qué consiste el salario mínimo. El salario mínimo fija la cuantía retributiva mínima que percibirá un trabajador en función de una jornada completa de trabajo, sin distinción de sexo o edad de los trabajadores, sean fijos, eventuales o temporales. Así, buena parte de los países europeos tienen algún tipo de salario mínimo legal (al igual que otros países no europeos, como Canadá, Japón o Estados Unidos.). En otros países como Dinamarca, Italia, Austria, Finlandia o Suecia, no hay salarios mínimos legales, y los salarios se fijan mediante negociaciones a nivel de empresa o con contratos con el trabajador, y convenios a nivel sectorial, si bien suelen tener una aplicación muy extensa, por lo que en la práctica sí podríamos decir que se fijan salarios mínimos.
Vemos, en definitiva, cómo el salario mínimo es establecido generalmente por ley pero, en algunos casos, los convenios colectivos se usan como un mecanismo para regular la cantidad mínima de dinero que un trabajador debe recibir a cambio de su trabajo. Es por ello por lo que podemos analizar las diferencias existentes en aquellos países que cuentan con un salario mínimo fijado por ley.
Según el último ajuste efectuado a comienzos de año, el salario mínimo para todos los empleados mayores de 18 años en Luxemburgo, el estado miembro de la Unión Europea con una mayor riqueza per cápita, asciende a 1.874 euros al mes, convirtiéndolo en el alumno más aventajado de la Unión. Justo detrás nos encontraríamos con Bélgica, donde asciende hasta los 1.501 euros mensuales para los trabajadores mayores de 21 años, 1.411 euros para los menores de 20 y 1.051 euros para los trabajadores de 16 años. En el caso de Holanda, los mayores de 23 años tienen derecho a un salario mínimo de 1.469 euros mensuales, mientras que para los más jóvenes la cantidad se reduce en función de su edad. Por su parte, en Francia, el salario mínimo desde el pasado 1 de enero es de 1.430 euros mensuales para las personas que trabajan en régimen de 35 horas semanales, equivalente a 9,43 euros la hora.
En el Reino Unido el salario mínimo depende de la edad y si la persona es aprendiz o no, pero para los mayores de 21 años está fijado, desde el año 2012, un salario mínimo de 6,19 libras por hora (algo más de 7 euros). Por su parte, en la República de Irlanda está fijado en 8,65 euros la hora.
En España el salario mínimo se elevó hasta los 645,3 euros mensuales en 2013, mientras que en Portugal el salario mínimo está establecido en 485 euros al mes. Si bien hay que tener en cuenta que en estos dos países, junto con Grecia, con un salario mínimo de 683 euros, las cifras están calculadas en torno a 14 mensualidades anuales frente al resto de países que tienen sólo 12.
En el caso de Polonia el salario mínimo se sitúa en 1.600 zloty brutos (unos 400 euros mensuales), al igual que en Hungría siempre que se trate de un puesto de trabajo que requiera al menos la educación secundaria obligatoria. En caso contrario, el salario mínimo húngaro desciende hasta los 340 euros.
Los sueldos mínimos fijados por ley más bajos corresponden al segundo país más pobre de la Unión Europea, Rumanía, donde se cobran 170 euros, y al más pobre de todos, Bulgaria, donde está estipulado en 155 euros. Eslovenia, con 763 euros; Malta, con 700 euros; Eslovaquia, con 320 euros; República Checa, con 315 euros, y Estonia, con 290 euros, completarían la lista.
En el caso de Alemania y los países escandinavos, estos salarios mínimos se deciden en función de cada profesión en los distintos convenios colectivos entre patronal y sindicatos, sin intervención del Estado. También ocurre así en Italia, Chipre o Austria donde, por ejemplo, el salario mínimo de los empleados domésticos es de 1.100 euros brutos mensuales. En cualquier caso, es importante destacar que en la actualidad el parlamento alemán está debatiendo la implantación de un salario mínimo general para todos los sectores laborales del país con el pago de 8,5 euros por hora trabajada, algo que presumiblemente saldrá adelante y que lo convertirá en uno de los salarios mínimos más altos de la Unión Europea, pudiendo poner en peligro sus polémicos “minijobs” que han llevado al país al casi pleno empleo gracias a salarios mensuales no superiores a los 400 euros.
Si bien, al margen de estas cifras, es muy difícil comparar de manera exacta los salarios existentes entre los diferentes países, pues entrarían en cuestión temas tan desiguales a nivel europeo como el coste de la vida (precio de vivienda, alimentos, transporte, etc.), impuestos, servicios públicos, etc. Para superar estas diferencias, podemos utilizar algún índice económico que posibilita la realización de estimaciones, destacando la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA), un indicador económico que permite comparar de una manera “realista” el nivel de vida entre distintos países, atendiendo al producto interior bruto (PIB) de cada país. De este modo, se eliminan las distorsiones que generan los diferentes niveles de precios existentes entre ellos y se pueden hacer estimaciones más o menos efectivas.
Visto esto, ¿puede ser viable la propuesta del presidente saliente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, de imponer por ley un salario mínimo homogéneo en toda la Unión Europea?
La propuesta plantea la obligación de fijar en cada país una renta mínima equivalente al 60% del salario medio. En el caso de España, esto se traduciría en un salario mínimo de casi 1.000 euros al mes en 14 pagas. Si tenemos en cuenta la reciente subida aprobada por el Gobierno que sitúa el salario mínimo en 645 euros mensuales, nos encontramos con unas cifras un 35% inferior al umbral mínimo propuesto por Juncker. A primera vista, muchos pensarían que el salario mínimo europeo supondría, de forma automática, una mejora sustancial para millones de españoles que, hoy por hoy, no alcanzan el nivel de mileurista. Así, ocho millones de asalariados verían incrementadas sus retribuciones, en concreto todos los que perciben un sueldo mensual inferior a mil euros, según los datos del Ministerio de Hacienda. Pero presumiblemente, y muy al contrario, la elevación del salario mínimo en el contexto de grave crisis económica en el que nos encontramos conduciría a millones de trabajadores directamente a las listas del paro. Además, los más afectados serían los trabajadores menos cualificados y, en general, jóvenes, por ser éstos los que ocupan el rango salarial más bajo.
Y es que, en definitiva, podemos ver cómo esta medida resulta muy difícil de implantar en una Unión Europea en la que los sueldos mínimos oscilan entre los 1.874 euros de Luxemburgo, y los 155 euros de Bulgaria. Es decir, lejos de beneficiar a los más desfavorecidos, la propuesta de Juncker condenaría a millones de personas al desempleo. La explicación parece sencilla, y más en tiempos de crisis económica: si los costes salariales suben, la capacidad para contratar nuevos empleados y mantener a los ya existentes baja, pues el dinero disponible es el mismo, pero repartido en menos manos. Y aunque no hay que dudar de las buenas intenciones de la propuesta, en realidad no deja de ser una medida populista e incoherente para los difíciles tiempos que corren.
Javier González