La constitución de la Corte Penal Internacional (CPI) como órgano de Justicia Internacional independiente, con la entrada en vigor del Estatuto de Roma en 2002, hoy ratificado por 122 países, fue una excelente noticia para acabar con la impunidad de los crímenes más graves cometidos contra la humanidad como son, los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidios. Sin embargo, y a pesar del paso adelante que supone la existencia de la Corte y, mucho más aún, la consecución de condenas recientes para jefes de gobierno como Charles Taylor, antiguo presidente de Liberia, o de dirigentes de movimientos rebeldes como Thomas Lubanga en República Democrática del Congo, no podemos olvidar que en casos muy flagrantes la eficacia de la CPI ha quedado en entredicho.

En este sentido, resulta inquietante la impunidad de que gozan el aún presidente de Sudán, Omar al-Bashir, y algunos miembros más de su gobierno, sobre los que pesan órdenes de arresto (no atendidas) de la CPI, por su presunta participación en el genocidio ocurrido en Darfur [1]). Especialmente, entiendo relevante esta cuestión dadas las noticias recientes relativas al plan para la región con el conocido como “Doha Document for Peace in Darfur”, firmado en 2011 y que ahora pretende ser ampliado y reforzado con una ayuda económica adicional de Qatar. Además, existen serias dudas de que los propios responsables de la situación actual sean los que mejor vayan a gestionar los fondos de ayuda.

Pero hacer esta reflexión acerca de la eficacia de la CPI respecto a crímenes cometidos en el continente africano, supone un problema añadido. Nos encontramos con la necesidad de realizar una denuncia de los intereses que guían la actuación de los gobernantes en muchos de los países de África, y que han servido en este caso de obstáculo, precisamente a esa función de garante de la justicia internacional de la CPI en los crímenes más atroces en esta zona del mundo.

Resulta conveniente recordar los pasos que se suceden en las formulaciones de cargos en el proceso de Darfur, y los inconvenientes planteados a éstas por el continente africano, que han propiciado que todos los imputados citados a continuación sigan en libertad, sin haber comparecido nunca ante la Corte. La falta de cooperación con la justicia internacional de los países africanos, ha sido una constante desde que en abril de 2007 se realizaran las primeras imputaciones al Ministro Harum y al que fuera líder de la milicia Yanyauid (financiada y dirigida por el gobierno del país), Abd-Al-Rahman, por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Después, se formularon cargos tanto contra el presidente Bashir como contra Hussein, el Ministro de Defensa.

Sirva como ejemplo, la declaración emitida por la Liga Árabe en marzo de 2009 expresando su solidaridad con el rechazo de Sudán a la resolución contra su presidente. Desde entonces, Bashir ha realizdo numerosas visitas oficiales a países árabes para las que ha contado con garantías de cara a prevenir su arresto durante las mismas. Más aún, resulta de suma importancia destacar el hecho de que en julio de 2009 la Unión Africana (UA) emitiera una resolución prohibiendo a sus países miembros cooperar con la CPI en el arresto de Bashir. Además, en Junio 2012, la organización de nuevo pidió a la Corte abandonar la causa contra el líder sudanés.

¿Pero cuál es la causa de este aparente “corporativismo” o ejercicio de “lobby” entre los gobiernos africanos? Por un lado, no podemos perder de vista que los imputados son personas que se han mantenido en sus respectivas posiciones de poder dentro del gobierno sudanés, con lo que esto implica para sus homólogos en otros países. Además, hay que tener en cuenta que el momento en que estas actuaciones tienen lugar, corresponde con el punto álgido de la llamada “guerra contra el terror” liderada por Estados Unidos. Parece que la oposición por parte de la UA y La Liga Árabe a la Resolución 1593 del Consejo de Seguridad de la ONU, que da jurisdicción a la CPI para activar el caso de Darfur, pretende encontrar justificación en la suspicacia de objetivos políticos detrás de la decisión de las Naciones Unidas. De hecho, alegan para su desobediencia una discriminación por parte de la hegemonía occidental en el uso de la coerción para con ellos, y se presentan como víctimas de un sistema hegemónico e hipócrita. Para ello, se apoyan en la controversia resultante de que Estados Unidos no sólo no ratificara el Estatuto de Roma, sino que además tratara de que otros países suscribieran acuerdos de impunidad por los que se comprometieran a no entregar a ciudadanos estadounidenses a la Corte, a la vez que retiraban apoyo militar y de otra índole, a países que se negaban a firmar dichos acuerdos de impunidad.

En cualquier caso, este pretexto que alega la comunidad africana no se sostiene, puesto que omite que muchos de los estados africanos que hoy no cooperan con la CPI, se han sometido voluntariamente a ésta tras su ratificación del Estatuto de Roma: en concreto 34 naciones africanas. No así Sudán, cuyo gobierno informó a la Secretaría General de Naciones Unidas de que no tenía intención de ratificarlo en agosto de 2008. Y más importante aún resulta la constatación de que de todos los procesos abiertos por la Corte en este continente hasta aquel momento, tan sólo el de Darfur fue remitido por el Consejo de Seguridad. En el resto de supuestos fueron los propios países afectados, República Centroafricana, Congo y Uganda, quienes pidieron la intervención. De este modo, se desmiente inequívocamente que se trate de una campaña de Occidente contra su cultura, y por el contrario, se pone de manifiesto el abismo existente entre la clase gobernante en muchos países africanos y el pueblo al que deberían representar.

Con todo esto, comprobamos que resulta innegable la necesidad de la CPI de dotarse de las herramientas necesarias para hacer sus decisiones obligatorias y eficaces. Su trabajo no puede depender de la voluntad de terceros, puesto que todo el esfuerzo puede resultar en vano.

Así, hoy nos encontramos con el plan del gobierno qatarí de donar 7.000 millones adicionales de ayuda, con la intención de ser destinados a un verdadero proyecto de gobernanza y desarrollo económico que devuelva a todos los refugiados a unas tierras donde empezar una vida digna, y que implica inevitablemente un trabajo de cerca de los gobiernos occidentales y las ONG con el gobierno de Omar al-Bashir. Precisamente esto complica sobremanera la posible salida que Qatar plantea para Darfur. Y aunque para el presidente y los miembros del gobierno de Sudán resulte ahora de interés presentarse con disposición a colaborar, de cara a persuadir a la comunidad internacional para esquivar sus causas pendientes y levantar las sanciones que EE.UU impuso al país, ¿es posible confiar en el cambio de Bashir en el respeto de los derechos del pueblo de Darfur?

Marta González Labián

[1] Hasta la fecha solo 3 imputados se han presentado, todos de forma voluntaria, ante la Corte Penal Internacional, todos ellos pertenecientes a la oposición rebelde. Ninguno era miembro del gobierno. Dos de ellos, Mr. Banda y Mr. Jerbo, fueron confirmados en sus cargos y se encuentran pendientes de juicio.