Auge y caída de la “Defense of Marriage Act”: avances en derechos LGTB en Estados Unidos
Estados Unidos ejemplifica, mejor que ningún otro país del mundo, la constante perfectibilidad del sistema democrático. Creado por vía racional-especulativa, frente a la vía histórica de la mayor parte de los estados europeos, sin nobleza ni monarquía, su modelo democrático inicial, con salvedades, compartía un rasgo con la democracia clásica de la Atenas de Pericles: reducía, a pesar de las proclamaciones del Bill of Rights de Virginia y del Bill of Rights recogido en la Constitución de 1787, la participación democrática a varones libres mayores de edad. La convulsa historia decimonónica de los Estados Unidos conoció el desarrollo de, entre otras muchas, las luchas por el sufragio femenino y por la igualdad jurídica de los afroamericanos. El primero se acabó plasmando en la XIXª Enmienda, aprobada finalmente en 1920. La igualdad jurídica de los negros no se consiguió tampoco en el XIX, puesto que, a pesar de la abolición de la esclavitud decretada por Lincoln a través de la Proclamación de Emancipación de 1853 y de la aprobación posterior de las Enmiendas XIIIª, XIVª y XVª (ésta última especialmente relevante en tanto impedía que los Estados o el propio Gobierno Federal impidiesen el derecho a voto por razón de color o estado de libertad previo) las trabas se sucedieron en la práctica hasta que en 1964 la administración Johnson consiguiera que el Congreso aprobase la Civil Rights Act.
Pero la discriminación de otras minorías sigue existiendo en la práctica: a los intentos por crear un marco jurídico integral, completo y con futuro sobre la nueva inmigración estadounidense (fundamentalmente, pero no solamente, de orígenes latinos e hispanos) se une la discriminación por razón de orientación sexual, que ha pasado de la represión a la progresiva tolerancia, y de la progresiva tolerancia a una aceptación jurídica parcial creciente (en todo el mundo, si bien sigue habiendo infiernos en la tierra, como los casos de Irán o Sudán, donde se condena con pena de muerte), que ayer recibió un espaldarazo de la Corte Suprema de los Estados Unidos (con muchas diferencias, similar a los Tribunales Constitucionales de nuestros sistemas políticos), que invalidó parte de la Defense of Marriage Act (conocida como DOMA).
La DOMA es hija de la “revolución conservadora” de 1994, que llevó a los republicanos, liderados por Newt Gingrich, a conseguir amplias mayorías tanto en la Cámara de Representantes (que no controlaban desde 1954) como en el Senado, generando un Congreso abiertamente enfrentado a la administración demócrata de Clinton. Dado que, como reconocen diferentes autores, el éxito arrollador de la ola republicana de 1994 se debió al exitoso proyecto de unificar conservadurismo social (uniendo sectores religiosos) y ortodoxia fiscal, la producción legislativa del 104º Congreso buscó cumplir con sus promesas electorales, entre las cuales se encontraba acabar con el “liberalismo de corte hollywoodiense”, que destacaba por su tolerancia sexual. Dado que, si bien controlaban el Legislative Branch federal, el Partido Demócrata (al que se asociaba el libertinaje) seguía siendo poderoso en diversas zonas el país, y el régimen matrimonial pertenece a la esfera de competencias de los 50 estados de la Unión, Gringich y los suyos, con la aquiescencia y apoyo de demócratas asustados que temían ser barridos por la ola, aprobaron la DOMA. Si bien dicha ley no podía impedir que el matrimonio entre personas del mismo sexo fuese regulado en cada estado, buscaba evitar que los estados tuviesen que reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en otros estados y que estos matrimonios accediesen a las ventajas de las que, conferidas por el ordenamiento jurídico federal, disfrutaban los matrimonios entre personas de distinto sexo. Las tremendas mayorías que aprobaron la legislación (342 a 67 en la Cámara y 85-14 en el Senado), y los problemas de toda índole que azotaban a una impopular administración demócrata, Clinton (que ahora se muestra como uno de los más activos adalides del matrimonio igualitario) acabó por firmar la ley en septiembre de 1996. El peaje a derecha cristiana que apoyaba al Partido Republicano estaba pagado, puesto que otros asuntos relevantes para ellos (la oración en las escuelas o la prohibición de aborto) no pudieron ser conseguidos.
La historia posterior es bien conocida: la ola conservadora fracasó en su intento de desbancar a Clinton, que revalidó la presidencia en noviembre de 1996 (si bien el Partido Republicano conservó la mayoría en ambas cámaras). En un claro efecto rebote, la sociedad civil pro derechos civiles comenzó a dar batalla y el matrimonio entre personas del mismo sexo comenzó a ser aprobado en diferentes estados: así ocurrió en Massachusetts (2003); California y Connecticut (2008); Iowa, Vermont, New Hampshire y Washington DC (2009); New York (2011); Washington, Maine y Maryland (2012) y Rhode Island, Delaware y Minnesota (2013). Paralelamente, 24 estados han prohibido el matrimonio entre personas del mismo sexo en sus constituciones.
El 26 de junio de 2013 (a apenas dos días del 44º aniversario de los disturbios de Stonewall, fecha mítica de inicio de la lucha por los derechos LGTB), la Corte Suprema declaró ilegal la Sección Tercera de la DOMA, en un apretado fallo 5 a 4, la que denegaba los beneficios federales a los matrimonios constituidos de conformidad con la legislación estatal correspondiente, por contradicción con el principio de igualdad y no discriminación, lo que conlleva llevar la igualdad formal a diferentes cuestiones tan variopintas como los derechos matrimoniales para empleados del Gobierno Federal o en beneficios fiscales y de herencias. Además, la Corte Suprema ha anulado la Proposición 8ª, por la cual los matrimonios entre personas del mismo sexo se ilegalizaron en California, con lo que, a efectos prácticos, vuelve a ser legal y podrán ser celebrados de nuevo en el Estado más populoso de la Unión.
Este fallo judicial no legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo en Estados Unidos, puesto que sigue siendo una competencia estatal, pero lo ubica, en lo que al Gobierno Federal atañe, en situación de igualdad con los matrimonios celebrados entre personas de diferente sexo. En un gran avance, que muestra una vez más la forma en que el ordenamiento jurídico y, especialmente, lo preceptuado en la Constitución, ha de evolucionar conforme evoluciona la sociedad (que en EEUU ya apoya mayoritariamente el matrimonio igualitario). Pero, como reconocen los grupos pro derechos civiles, queda mucho por hacer todavía.
En pronto para decir qué efectos tendrá el fallo de la Corte Suprema en la política estadounidense a medio plazo. La tormenta política en estos días es evidente, con los lógicos regocijos del Partido Demócrata, el silencio cómplice del sector más moderado del Partido Republicano y la decepción y la ira de su ala más ultramontana. Diversos analistas políticos dicen hoy en la prensa que este asunto tiene poco recorrido y no será un tema relevante en las próximas elecciones de 2014, si bien es cierto que este asunto puede dividir aún más al Partido Republicano entre sus dos facciones (los Senadores Portman y Kirk y la Senadora Murkowski, republicanos los tres, han manifestado su apoyo al matrimonio igualitario) y forzar aun más unas peligrosas primarias republicanas, anunciadas algunas y posibles otras en Georgia, South Carolina, West Virginia, Iowa, Alaska o Kentucky, que podrían afectar al intento de conseguir la mayoría en el Senado, como ya apuntábamos en anteriores entradas.
José Antonio Gil Celedonio