Federal Shutdown (I): ¿hacia el precipicio?
El sistema político estadounidense, si bien ha variado a lo largo de los más de doscientos años de funcionamiento, se basa, entre otras cosas, en una fuerte desconfianza hacia el Poder Ejecutivo, que se considera fundamental (no en vano, es la más alta magistratura de la Unión) pero necesariamente sujeto a controles, puesto que de la experiencia como colonias de Gran Bretaña extrajeron una lección muy clara: el executive branch, o está controlado o muy pronto puede desembocar en tiranía. Es por ello por lo que los Founding Fathers, con mentes preclaras como Madison, Hamilton, Franklin y otros, idearon un sistema de checks and balances para que los poderes se controlasen unos a otros, pero siempre con especial subordinación del ejecutivo al legislativo. Mucho más, desde luego, que en los sistemas parlamentarios actuales, en los cuales el paradigma del parlamentarismo racionalizado ha hecho que las Cámaras no sean más que un apéndice de los gabinetes gubernamentales, por el continuum Parlamento-Partidos-Gobierno que se genera en este ente que García-Pelayo llamase Estado de Partidos. Un modelo que, por cierto, es absolutamente ajeno al sistema político estadounidense, con unos partidos muy diversos en su composición y con estructuras muy débiles.
Una de las manifestaciones de esta subordinación del ejecutivo al legislativo la estamos viviendo en nuestros días: la Cámara de Representantes, una de los dos cuerpos que forman el poder legislativo en los Estados Unidos, dominada por el Partido Republicano (o GOP), ha decidido cerrar el Gobierno Federal, lo que se conoce como shutdown, algo impensable en nuestro sistema político. Se trata de una estrategia política, amparada jurídicamente por el apartado séptimo del artículo primero de la propia Constitución), y relativamente habitual en la práctica constitucional estadounidense reciente, que suele ocurrir cuando la mayoría de una o ambas Cámaras no coincide con el color político del inquilino de la Casa Blanca, y se trata de forzar una medida política mediante el chantaje que supone no financiar el Gobierno Federal. En esta ocasión, el sector más ultramontano del Partido Republicano, los vinculados sobre todo al Tea Party, y encabezados por el recién elegido Senador Ted Cruz (Texas), han decidido emplear el último cartucho disponible contra la Ley de Reforma Sanitaria, conocida popularmente como ObamaCare, tras perder las elecciones presidenciales y al Senado de 2012, tratar de abolirla por más de 30 ocasiones desde la Cámara de Representantes y después de que dicha ley, en la cual Obama invirtió gran parte de su capital político, fuera declarada conforme a la Constitución por el Tribunal Supremo. La cuestión es simple: la Cámara de Representantes amenaza con bloquear el funcionamiento ordinario del Gobierno Federal si el Presidente Obama y, por consiguiente, su partido, no retiran dicha ley. Los motivos son sencillos: el propio Senador Graham, uno de los pocos republicanos moderados que quedan en el Senado, piensa que si ObamaCare, que a pesar de estar aprobada y en vigor no está siendo operativa todavía, funciona, Hillary Clinton ganará las elecciones de 2016.
Los hechos recuerdan mucho a otro cierre anterior: el Congreso, cuyas dos Cámaras estaban controladas por el GOP desde enero de 1995 tras ganar abrumadoramente las elecciones de mitad de mandato, decidió a finales de 1995 cerrar el Gobierno Clinton, con el Speaker Newt Gingrich a la cabeza, precisamente por el intento de Clinton de llevar a cabo una reforma del sistema sanitario que tratase de incrementar el ámbito prestador a millones de ciudadanos americanos que no disponían de acceso a la Sanidad, además de otros motivos de diferente índole, que darían para un artículo entero. El resultado fue muy adverso a las intenciones republicanas: la ciudadanía los culpó mayoritariamente del cierre del gobierno y sus consecuencias. Clinton fue reelegido en 1996. Los resultados de las Cámaras no se vieron alterados sustancialmente, si bien favorecieron a los demócratas, que ganaron escaños en la Cámara en 1996 y 1998, lo que acabó por destronar a Gingrich. En la actualidad, las encuestas parecen apuntar por el mismo sentido: todas coinciden en que la ciudadanía culpa más a los republicanos que a los demócratas del cierre del Gobierno, y una gran mayoría cree que el Gobierno no debería estar cerrado. Los demócratas, conscientes de ello, están aplicando una estrategia negociadora dura, porque, al menos por ahora, sienten que están ganando.
El cierre del gobierno, per se, no conlleva graves consecuencias, si bien es cierto que son muy visibles: los cementerios para los caídos en guerras y sus monumentos memoriales están cerrados, departamentos como el de Comercio, Educación o Energía han mandado a sus casas a la gran mayoría de su personal, entes como la Comisión de Protección a los Consumidores sólo tramitan quejas relacionadas con productos que puedan provocar graves daños, la NASA o la Agencia de Protección Medioambiental están con servicios mínimos y algunos de los símbolos más visibles de Estados Unidos, especialmente para el turismo, desde la Biblioteca del Congreso al Smithsonian, pasando por los Parques Nacionales, están cerrados. Pero la falta de efectivos en Departamentos como Defensa o Estado, así como la naturaleza de las negociaciones, está impidiendo que el Presidente y parte de su gabinete acudan a cumbres y compromisos internacionales. Nada especialmente relevante.
No obstante, el problema surge cuando, a la par que el shutdown, se acerca el 17 de octubre, fecha clave a partir de la cual Estados Unidos entra, teóricamente y en la práctica, en bancarrota. Dado que a partir de ese día no hay fondos para pagar las deudas del Gobierno si el Congreso no autoriza un nuevo techo de gasto para soportarlas, Estados Unidos entrará en suspensión de pagos, con las consecuencias catastróficas para la economía mundial que ello podría tener, como se explica bien y brevemente aquí o en este otro artículo. Los republicanos, conscientes de la situación, están tratando de negociar una salida que implique un arreglo parcial del techo de deuda con carácter temporal, a lo que el Presidente Obama se niega, buscando una salida que solucione los problemas con carácter permanente. Ambos se están acercando peligrosamente al precipicio, aunque la rebelión interna en el Partido Republicano que puede estar gestándose entre los moderadoshacen que las posiciones, al menos en lo relativo a la ampliación del techo de deuda, se estén relajando progresivamente, si bien parece evidente que la Casa Blanca tendrá que acabar aceptando algunas medidas y, por supuestos, alguna pretensión republicana.
Mi opinión como analista es que, sin tocar las partes más sustanciales de ObamaCare, y a apenas un año de las mid-term elections, Obama y los demócratas presionarán lo más posible para no perder en un arreglo que permita que las cosas sigan funcionando, y que no deje al partido republicano en muy buen lugar, lo que podría servir de munición para las próximas elecciones de 2014, en la que los demócratas pretenden tanto conservar el Senado como recuperar posiciones en la Cámara. Pero de las consecuencias electorales a corto y medio plazo del shutdown hablaremos en la próxima entrada.
José Antonio Gil Celedonio