La violencia es, junto la desigualdad, los bajos ingresos, la corrupción y el narcotráfico una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos de Centroamérica.

 No es de extrañar vistas las cifras de homicidios que arrojan los informes de diferentes organismos internacionales los últimos años. No dejan lugar a dudas, estamos en la región más violenta del mundo. Cuando la tasa de homicidios es superior a 10 homicidios por 100.000 habitantes la OMS estima que existe una epidemia de violencia; a excepción de Costa Rica, el resto de países centroamericanos superan con creces este límite. Es más, la evolución de la tasa de homicidios ha crecido sin excepción alguna en la última década en toda Centroamérica. Para tener perspectiva un poco de comparativa, la tasa de homicidios en Estados Unidos es del 4,7% y la de España 0,6% en 2013.

La violencia además no sale gratis. El coste económico para Centroamérica es enorme. Se calcula que se pierde el 8% del PIB de toda la región a causa de la violencia. En el llamado Triángulo Norte (Honduras-Guatemala-El Salvador) este coste se dispara. Hacer frente a los gastos generados por la violencia suponen el 17,5% del PIB de Honduras, el 13,8% del de El Salvador y el 8,2% de Guatemala. Dinero que por otra parte no puede destinarse a otras partidas, sobre todo teniendo presente que Centroamérica también es una de las regiones con mayores niveles de desigualdad, inequidad y desempleo del planeta.

La violencia tiene un alto impacto social y económico. Genera enormes pérdidas a la productividad local y nacional aumentando los costes de producción y potenciando el desempleo, reduce inversión nacional y, sobre todo, internacional, genera un enorme gasto sanitario y provoca desplazamientos forzados internos (los casos de El Salvador o Honduras son especialmente sangrantes) o regionales (crisis de menores migrantes) afectando a los flujos migratorios, también a los interurbanos. Genera enormes costos institucionales, en seguridad pública y privada, en la administración de justicia o el deterioro de las infraestructuras públicas. Supone una limitación al desarrollo humano de las personas, modifica conductas y estructuras sociales y familiares, rompe tejido social, genera serios problemas de salud mental o supone el abandono de espacios públicos. La lista de problemas que causa la violencia es interminable.

Esta violencia además ha ido paralela a un aumento del gasto militar en toda la región, respondiendo a una “lógica” de seguridad para hacer frente a las maras, los carteles de narcotráfico y otros grupos criminales, donde los militares han sido desplegados para labores de seguridad pública. Según el informe del Instituto Internacional para Estudios Estratégicos, solo en 2013 Nicaragua aumentó su gasto militar un 27%, Guatemala y Honduras un 18% y Belice un 13%. La masiva presencia de compañías privadas, puede llegar a duplicar o triplicar el número de fuerzas de seguridad del país. En el caso de Honduras se calcula que hay 70.000 guardias privados, cifra que duplica el número de policias y miltares del país. Las grandes y medianas empresas contratan servicios de seguridad privada para proteger sus negocios. Los pequeños, en la medida de lo posible, también. No es nada extraño ser cacheado al entrar en algún establecimiento comercial, ni tampoco la presencia de guardias armados en labores de control de entrada de barrios residenciales. Tampoco que en determinadas líneas de transporte urbano haya presencia de militares para prevenir asaltos o directamente impedir el asesinato del conductor quien se ha negado a pagar el “impuesto” de turno a la mara correspondiente.

La respuesta mayoritaria de los gobiernos centroamericanos ha sido esencialmente policial o militar. En algunos casos impulsando policías de mano dura que a todas luces son insuficientes para resolver la problemática. Desde hace años, gobierno tras gobierno, impulsan medidas parecidas. Ni la militarización de la seguridad pública ni el aumento de efectivos resuelve el problema. Centroamérica se enfrenta a la violencia teniendo cuatro claras debilidades: impunidad, que merma la confianza ciudadana en el sistema judicial; falta de recursos, que impide una respuesta integral con un enfoque de salud pública; corrupción del aparato policial (los que tienen que ejercer funciones de seguridad pública son los menos indicados para ejercerla); y corrupción política (quienes tienen que liderar la respuesta no tienen credibilidad de ciudadanía).

En los últimos años, especialmente en Honduras, Guatemala, El Salvador y Belice -la gran desconocida- han experimentado un aumento de la violencia por parte de grupos armados –maras, crimen organizado, carteles y miembros de las fuerzas de seguridad del propio Estado– agravado por la política de guerra contra las drogas en México impulsada por Estados Unidos. Esto ha supuesto una alteración de las rutas del narcotráfico y de los equilibrios de poder existentes en la región. Si durante los inicios de la aparición del fenómeno de las maras en Centroamérica sus actividades delictivas estaban centradas en la extorsión, en los últimos años han ocupado un espacio en la ruta y corredores del narcotráfico, y ha llevado a que Honduras, Belice o Guatemala hayan entrado de lleno en las rutas internacionales de narcotráfico.

El análisis de la violencia en el caso de Honduras es excepcional, no sólo por las cifras (superiores a 90 homicidios por 100.000 habitantes en 2012, cifra que ha bajado unos 10 puntos en 2013) sino por la sensación de impunidad imperante en el país donde se calcula que el 80% de los homicidios quedan sin resolver, ya sea por falta de medios o, sencillamente, por falta de voluntad política. La segunda ciudad del país ostenta el título de ser considerada la ciudad más violenta del mundo, 187 homicidios por 100.000 habitantes según informe de Seguridad, Justicia y Paz. La capital, Tegucigalpa, llega asimismo hasta los 79 homicidios por 100.000 habitantes. Hace más de una década los sucesivos gobiernos hondureños han militarizado la seguridad del país: presencia de militares en la calle patrullando conjuntamente con fuerzas policiales, creación de nuevos cuerpos de seguridad, etc.. Sucesivas políticas de mano dura que han fracasado, los datos están ahí. Durante 2013, por primera vez, se reconoció el desplazamiento forzado interno de más de 17.000 personas a causa de la violencia generalizada y la violación de los DD.HH. en el país según el informe del Internal Displacement Monitoring Centre. La situación es crítica desde hace más de una década. La militarización no ha resuelto el problema. Honduras, y Centroamérica en su conjunto, tienen un serio problema.

Sergio Maydeu Olivares