Por tercer año consecutivo, y con motivo de la Diada, se produjo una manifestación multitudinaria en Cataluña.

En esta ocasión, entre 500.000 y 2 millones de personas, según las fuentes que se consulten, se congregaron en las calles de Barcelona, formando una “V” de “victoria, voluntad y votar”, para reivindicar, los que menos, que el 9N se celebre la consulta prometida por Artur Mas, y los que más, directamente, la independencia de Cataluña.

Durante las últimas semanas, y a medida que se acercaba la fecha de celebración del referéndum por la independencia de Escocia, fueron surgiendo cada vez más voces que hablaban acerca de los posibles paralelismos entre el caso escocés y el catalán. El resultado escocés, del que hemos leído tantos análisis, que en principio no es positivo para los independentistas catalanes, ya ha sido reivindicado por los mismos por el mero hecho de la realización del ejercicio. No obstante, debemos aclarar que el punto de partida de ambas situaciones no es en ningún caso el mismo (recordemos que el gobierno de Edimburgo llegó a un acuerdo previo con Londres para llevar a cabo el referéndum). Tras el éxito del Partido Nacionalista Escocés, con una mayoría absoluta lograda en los comicios de 2011, el Primer Ministro británico, David Cameron, aceptó que los escoceses pudieran votar para decidir sobre si su futuro se encontraba dentro o fuera del Reino Unido. En cambio, entre Generalitat y Moncloa ni existe un acuerdo de tales características ni se vislumbra en el horizonte.

Lo que ocurra durante los próximos meses en Cataluña dependerá, en gran medida, de la posición que el Gobierno central mantenga ante la posibilidad de realización del referéndum de autodeterminación. En cualquier caso, podríamos distinguir dos posibles escenarios frente a esta controversia: por una parte, cabría la posibilidad de que el Gobierno de Artur Mas decidiera, finalmente, celebrar la consulta en la fecha señalada, el 9 de noviembre. En este caso, y si Moncloa siguiera sin reconocer la consulta, la realización de la misma sería ilegal. Ello podría tener consecuencias ciertamente negativas para el Gobierno autonómico puesto que el resultado del referéndum no tendría legitimidad si no fuese legal y, a su vez, parte de la ciudadanía catalana podría optar por quedarse en casa en lugar de acudir a las urnas. No obstante, no debemos olvidar que el Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, aseguró días atrás que no descartaba la opción extrema de llegar a suspender la autonomía de Cataluña con tal de evitar la celebración de la consulta del 9N. Así, de acuerdo con el artículo 155 de la Carta Magna:

si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general

La segunda de las posibilidades que se podrían barajar, y seguramente la más probable, sería la no celebración de la consulta. Aun con la Ley de Consultas aprobada por el Parlament, la cual permitiría que el referéndum se llevara a cabo, el Gobierno central podría revocarla. En tal caso, lo previsible sería la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña (el propio Mas ha dado algunas pistas sobre ello). Sin embargo, las consecuencias que se derivarían de ello serían altamente perniciosas para Convergència. Lo primero que podríamos preguntarnos es cuáles son las posibilidades reales que tendría el partido de Artur Mas de ganar dichas elecciones, sobre todo después de hacerse público el escándalo Pujol. Y, por otra parte, ¿qué ocurriría con la ya delicada relación entre Convergència i Unió? El peligro de fractura está muy presente. De hecho, Duran i Lleida, el máximo dirigente de UDC, ultima ya los detalles de la plataforma Catalunya al Centre, impulsada para reconstruir el espacio político de centro en Cataluña, por si Convergència i Unió terminara por escindirse definitivamente tras el 9N.

¿Y qué sucede con la relación entre CiU y ERC? Desde luego, el forcejeo de los últimos días entre Duran i Lleida y Junqueras, tras haber llamado éste último a desobedecer al Tribunal Constitucional, ha evidenciado la fragilidad de los lazos entre ambas fuerzas políticas. Los socialistas catalanes, por su parte, han pedido al President que se posicione, o bien del lado de Unió o bien del de Esquerra.

Ante este panorama de incertidumbre y fragilidad, algunos apuntan ya a la posible formación de un nuevo sistema de partidos en Cataluña tras el 9 de noviembre. Si la consulta fracasa y la alianza entre Convergència i Unió termina por romperse, los votos de CiU podrían desviarse hacia ERC, cumpliéndose entonces aquello de que “el original siempre gana a la copia”. Estos votos podrían ir también en otra dirección, hacia el resto de partidos (PP, C’s, PSC, etc.). Por último, podría darse el caso que Duran i Lleida consiguiera aglutinar los votos que correspondieron a CiU. En cualquier caso, una vez más, no queda más remedio que esperar y ver cómo se suceden los acontecimientos en los próximos meses.

Elisa Rodríguez